El gobierno dominicano inició una sorpresiva «guerra de desinformación» que, en poco tiempo, podría perjudicarle y obtener el efecto contrario al deseado.
Hace varias semanas, el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez (Chú), denunció la puesta en práctica por la oposición de un presunto plan desestabilizador de la paz pública.
Sin embargo, el funcionario no presentó ninguna prueba con la que sustentar su grave denuncia, aunque sugirió que algunas protestas comunitarias en distintos pueblos formaban parte de ese presunto plan de desestabilización.
Poco después, un grupo de vecinos del barrio Capotillo, en el norte de la capital dominicana, anunciaron la realización de una protesta pacífica en la avenida Nicolás de Ovando, de alta tráfico de vehículos.
Reclamarían rebaja del costo de la vida, la construcción de una escuela y «un túnel» que comunica su barrio con el vecino Simón Bolívar, un asentamiento social habitado por personas pobres, vendedores ambulantes y y propietarios de pequeños negocios familiares, igual que Capotillo.
También exigirían disminución de los precios de los combustibles y el cese de los subsidios a empresas multimillonarias.
En la lógica de del gobierno, el anuncio de esa protesta formaba parte del presunto plan desestabilizador, por lo que ayer en la madrugada desplegó al Ejército y hombres armados de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, estos últimos entrenados para enfrentar guerrilla urbana.
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Todos fueron equipados con rifles del tipo M16, y algunos, los menos, llevaban granadas de gases lacrimógenos; mientras que otros portaban armas de asalto.
En algunos de los transportes de tropas, los soldados exhibían grandes cantidades de balas.
Todo esto, configuraba un ambiente que propiciaba una aparente guerra sicológica con intenciones paralizantes.
La exhibición de la fuerza militar parecía tener el propósito de contener y evitar que se produjera la protesta.
El diseño de esa estrategia con hombres armados y listos para el combate contra vecinos de barrios pobres, tenía como punto de partida la versión oficial de que el gobierno está bajo el acoso de un presunto plan desestabilizador sin aportar ninguna prueba.
A pesar del masivo y abrumador despliegue de tropas, próximo a las cuatro de la tarde de ayer, un puñado de unos 30 o 40 personas, no más, salieron a la intersección de las avenidas Nicolás de Ovando y Joséfa Brea, mostrando cacerolas vacías y carteles con sus reclamaciones.
Rápidamente, el pequeño grupo de manifestante fue rodeado por la fuerza policial entrenada en operaciones anti motines, que compartieron en forma amistosa con los participantes en la protesta y sus líderes.
A las cinco de la tarde, tras hacer su demostración, todos se marcharon pacíficamente a sus hogares en el interior del barrio Capotillo.
Así quedó demostrado que los temores de revuelta social por los organismos de inteligencia, carecían de datos reales que los sustentaban.
Sin embargo, el impacto sicológico provocado en la población por este despliegue, aún está por verse y no se descarta que protestas convocadas en otros lugares cobren una intensidad que es posible fuera provocada por la temerosa denuncia del Ministro de Interior y Policía.
El gobierno, que se mueve en medio de subidas generalizadas de los precios y la creación de nuevos impuestos, inició una guerra de desinformación, que al final podría perjudicarle.
